• De clubes de fútbol a asociaciones de padres: todos intercambiarán su energía
  • Las comunidades tendrán prioridad para participar en las subastas de renovables
  • Las eléctricas auguran 10.000 MW de autoconsumo al final de la década

El Gobierno potenciará aún más el autoconsumo, otorgando ventajas a las denominadas comunidades energéticas locales, un nuevo tipo de figura jurídica, derivada de la normativa europea, con capacidad para producir, consumir, almacenar y vender energía, principalmente verde, con sus propias instalaciones, sin que sus miembros pierdan la condición de consumidores finales. Estas comunidades serán lo suficientemente amplias como para que participen desde clubes deportivos hasta asociaciones de padres de alumnos, pasando por ayuntamientos, polígonos industriales, parques tecnológicos o zonas portuarias.

En España existen las cooperativas energéticas desde hace cien años -en 1925 se fundó la Cooperativa eléctrica benéfica de San Francisco de Asís de Crevillent- y en los últimos tiempos han proliferado otras como Som Energia o Goiener. Una veintena de ellas se aglutinó hace un año en una nueva asociación, denominada Unión Renovables.

La UE quiere potenciarlas aún más, como parte de su idea de poner al consumidor en el centro del sistema energético, y su último gran paquete normativo, significativamente bautizado como Energía limpia para todos los europeos, incluye dos nuevas figuras jurídicas para ello: las comunidades de energía renovable, recogidas en la Directiva 2018/2001, y las comunidades ciudadanas de energía, alumbradas en la Directiva 2019/944.

Estos dos tipos de comunidades tienen en común que sus miembros deben estar en las proximidades de sus proyectos de energía -eléctrica, térmica o de transporte- y que su objetivo ha de ser proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus integrantes o a las zonas locales en las que operen, pero no ganancias financieras; de hecho, las empresas pueden formar parte de las comunidades, siempre que dicha participación no sea su actividad principal.

Por consiguiente, las comunidades girarán alrededor del autoconsumo de electricidad –en especial el colectivo-, las redes de calor y frío -también denominadas district heating– y el transporte compartido -el car sharing-, y crearán sus propios mercados locales de energía y servicios energéticos, aunque también participarán activamente en los mercados convencionales de gran escala.

 

Comunidades locales

El Gobierno debe trasponer ambas figuras jurídicas a la legislación interna, tiene pensado unificarlas en lo que denomina comunidades energéticas locales, y quiere impulsarlas, como parte de sus políticas de Transición justa, de participación ciudadana en el proceso de transición energética, de freno a la despoblación rural y de lucha contra la pobreza energética.

La legislación ya tiene elementos que deberían impulsar estas comunidades, especialmente la regulación del autoconsumo, al que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de complementar con un peaje de proximidad por el uso de las redes de distribución. Además, hay otras disposiciones aprobadas, pero pendientes de desarrollar, como las redes eléctricas cerradas o la agregación de demanda.

La citada normativa europea señala que los estados diseñarán marcos normativos de apoyo para las comunidades, eliminando obstáculos administrativos, facilitando el acceso a la financiación y la información, reforzando a las autoridades públicas para crearlas…

 

Ayudas y exenciones fiscales

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) lleva más de un año trabajando alrededor de las comunidades y ha editado una detallada Guía para fomentarlas, que plantea una buena batería de medidas.

Entre estas medidas las hay clásicas, como las subvenciones -los europeos fondos Feder pueden otorgarlas-, los créditos blandos de entidades financieras públicas, como el ICO, o las exenciones y reducciones fiscales -IVA, IRPF, IBI, ICIO- para los partícipes, los equipos y las transacciones entre los miembros de la comunidad.

Y también hay medidas mucho más novedosas, como fondos de cobertura para eventuales impagos o un bonus para las compañías eléctricas por cuyas redes transite la energía eléctrica de la comunidad, para que también tengan interés en que se desarrollen.

 

Más peso en el Plan de Energía y Clima

La reciente revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha ampliado el peso y el número de medidas para fomentar las comunidades con relación a la versión anterior, tal y como había solicitado la Comisión Europea cuando evaluó el documento, el verano pasado.

Ahora el PINEC plantea que las comunidades tengan reservada una cuota de la energía renovable adjudicada en las futuras subastas para que la consuman a precio fijo, presumiblemente más económico que el precio convencional, así como ventajas para que participen directamente en los concursos, para compensar sus mayores costes financieros, sus menores capacidades técnicas, su peor solvencia…

En este segundo punto, el Gobierno baraja varias opciones, desde organizar pujas específicas para ellas, hasta introducir un criterio adicional para los proyectos con participación social, pasando por concederles garantías públicas para abaratar su financiación.

 

10.000 MW de autoconsumo en 2030

Gracias a este empuje, el autoconsumo tendrá un peso mucho mayor de lo previsto hasta ahora durante los próximos años. La primera versión del PNIEC preveía la instalación de unos 5.000 MW de autoconsumo fotovoltaico hasta el año 2030, un cálculo acorde con el que la industria sectorial ha venido planteando en los últimos tiempos.

Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía ya augura un crecimiento mayor para el país y las empresas eléctricas distribuidoras, en sus análisis internos, ya auguran que la potencia instalada en autoconsumo alcanzará los 10.000 MW al final de la década.

La nueva versión del PNIEC no facilita una previsión concreta, pero la potencia asignada a la tecnología fotovoltaica se ha incrementado en 3.000 MW sobre la estimación, hasta alcanzar los 39.000 MW.

Sin duda, parte del este éxito es la buena rentabilidad que se obtiene con las instalaciones solares de generación distribuida. En España puede superar el 10% anual, de acuerdo con los resultados del proyecto europeo iDistributedPV, presentado la semana pasada en Madrid.

 

FUENTE: EL ECONOMISTA